Las administraciones públicas como instrumento integrador de la diversidad

Resumen

El concepto de diversidad funcional ha sufrido una profunda evolución hasta nuestros días cuando se ha concluido que sus causas son sociales por lo que corresponde a la sociedad perseguir su normalización. La aprobación por las Naciones Unidad de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre 2006, impuso a las Administraciones de los Estados firmantes la obligación de contratar a personas de este colectivo. En España, su cumplimiento se lleva a cabo bien a través de la participación en los procesos selectivos convocados a resultas de la ejecución de las ofertas de empleo público aprobadas —que tienen legalmente prevista la reserva de una cuota para las personas con discapacidad— o bien a través de la herramienta de la contratación pública que desde la aprobación de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), ha permitido grandes avances en la materia.