El régimen de la responsabilidad patrimonial derivado de la prisión preventiva no seguida de condena tras la STC 85/2019

Resumen

El objeto de este artículo es analizar cuál ha sido la evolución en España de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la adopción de la medida cautelar de privación de libertad desde su regulación constitucional y legal hasta el momento actual, prestando para ello especial atención a la tramitación parlamentaria del artículo 294 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; a los primeros años de su restrictiva aplicación; a los debates doctrinales y jurisprudenciales sobre el error judicial, el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y la inexistencia objetiva y subjetiva como criterios para indemnizar por prisión preventiva; a la evolución que se derivó como consecuencia de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los asuntos Puig Panela y Tendam en relación con la presunción de inocencia; a la auto-cuestión de inconstitucionalidad planteada y a la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019, de 19 de junio por la que se consideró que el artículo 294.1 de la LOPJ contravenía, en dos de sus incisos, el derecho a la igualdad y el derecho a la presunción de inocencia consagrados con carácter fundamental en los artículo 14 y 24 de nuestra Constitución. En última instancia, y transcurridos seis años desde la mencionada declaración de inconstitucionalidad sin que se haya tan siquiera iniciado una reforma del régimen legal en España, trataré de exponer cuál es el régimen que se ha ido forjando a través de la práctica administrativa y jurisprudencial.